Pide diputado Octavio Martinez, investigar presunta red de corrupción y extorsión en la Secretaría de Medio Ambiente del Edomex

Luego de la detención de dos servidores públicos del Gobierno del Estado de México, señalados por su probable participación en una red de extorsión que habría operado en contra de propietarios de Centros de Verificación de Emisiones, conocidos como Verificentros, y estaciones de servicio de combustible, el diputado local Octavio Martínez Vargas demandó una investigación a fondo para determinar si existe una estructura de corrupción y extorsión al interior de la Secretaría de Medio Ambiente estatal.

El legislador hizo un llamado a las autoridades mexiquenses para esclarecer no solamente las conductas que presuntamente habrían cometido los servidores públicos detenidos, sino también el origen de sus nombramientos, las personas que pudieron haberlos recomendado y los funcionarios que participaron en su contratación.

Martínez Vargas consideró necesario revisar la cadena de responsabilidades dentro de la dependencia, a fin de establecer si las personas involucradas actuaron por cuenta propia o si pudieran existir otros servidores públicos relacionados con los hechos.

“¿Quién los recomendó y quién los contrató?”, cuestionó el diputado, al plantear que la investigación no debe limitarse a los funcionarios que actualmente enfrentan señalamientos, sino extenderse a quienes pudieran haber intervenido en su incorporación al servicio público o, eventualmente, haber conocido y permitido las presuntas irregularidades.

El posicionamiento ocurre después de que trascendiera la detención de dos servidores públicos estatales por su probable participación en actos de extorsión dirigidos contra personas vinculadas con actividades de verificación vehicular y expendio de combustibles. Estos hechos han generado preocupación debido a que se trataría de sectores sujetos a diversos procedimientos, inspecciones, autorizaciones y disposiciones ambientales.

Piden deslindar responsabilidades

Ante este escenario, el diputado local solicitó la intervención de diversas instituciones para que, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, investiguen los hechos y determinen si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Las instancias que deben de investigar, considera el diputado, se encuentran la Contraloría del Estado de México, el Poder Judicial mexiquense, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el Órgano Superior de Fiscalización y el Tribunal de Justicia Administrativa.

La petición busca que las investigaciones permitan identificar posibles actos de abuso de autoridad, corrupción, extorsión u otras conductas contrarias a la legislación, así como determinar el nivel de responsabilidad que pudiera corresponder a cada uno de los funcionarios involucrados.

Martínez Vargas sostuvo que las autoridades deben actuar con firmeza y llevar las indagatorias hasta sus últimas consecuencias, particularmente si existen elementos que permitan establecer que las presuntas conductas no fueron hechos aislados, sino parte de una operación sistemática.

El legislador planteó además la necesidad de revisar los procedimientos internos de la Secretaría de Medio Ambiente, con el propósito de detectar posibles fallas en los mecanismos de supervisión, control y vigilancia que pudieran haber permitido la actuación irregular de servidores públicos.