*Propone diputado Octavio Martínez frenar aumentos excesivos de renta y garantizar vivienda digna en Edoméx*

 

 

 

 

 

• La iniciativa plantea que los incrementos en las rentas habitacionales no superen la inflación anual y establece mayores garantías para quienes alquilan una vivienda.

 

 

• Busca incorporar el arrendamiento a las políticas públicas de vivienda, crear un registro digital de contratos y facilitar apoyos a familias sin acceso a créditos hipotecarios.

 

Con el propósito de proteger la economía familiar, evitar incrementos desproporcionados en el alquiler de viviendas y fortalecer la seguridad jurídica de quienes habitan inmuebles rentados, el diputado Octavio Martínez Vargas, integrante del Grupo Parlamentario de morena en la LXII Legislatura del Estado de México, presentó en sesión una iniciativa para reformar el Código Civil y la Ley de Vivienda de la entidad, mediante la cual propone reconocer el arrendamiento digno como una vía legítima para ejercer el derecho humano a la vivienda.

La propuesta parte de una realidad que durante décadas ha quedado al margen de las políticas habitacionales: no todas las familias tienen las condiciones económicas para adquirir una casa, pero todas necesitan un espacio seguro, habitable y accesible donde desarrollar su vida. Bajo esta premisa, el legislador plantea superar el modelo que privilegia exclusivamente la propiedad inmobiliaria y construir un marco jurídico que también proteja a quienes encuentran en la renta su única posibilidad de acceder a un hogar.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa consiste en modificar el artículo 7.698 del Código Civil mexiquense para establecer que, en la renovación contractual mediante novación, el incremento de la renta no podrá exceder la inflación reportada por el Banco de México durante el año inmediato anterior, en sustitución del límite actual de 10 por ciento. Asimismo, se propone que los contratos especifiquen expresamente esta condición, a fin de brindar mayor transparencia y certidumbre a las partes.

Esta medida busca evitar que los incrementos en el costo de la vivienda absorban una proporción cada vez mayor del ingreso familiar, particularmente entre los sectores de menores recursos, para quienes el alquiler representa uno de los compromisos económicos más importantes de su presupuesto.

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, retomados en la exposición de motivos, el 17.6 por ciento de las viviendas particulares habitadas en el Estado de México son alquiladas, mientras que el 16.4 por ciento corresponde a inmuebles prestados por familiares o amistades. Estas cifras evidencian la necesidad de diseñar soluciones habitacionales que respondan a las distintas condiciones económicas y sociales de la población.

En materia de certeza jurídica, Octavio Martínez propone establecer la obligación de notificar por escrito, con al menos 90 días naturales de anticipación, la intención de concluir una relación de arrendamiento habitacional. La disposición comprendería tanto a las personas propietarias que soliciten la desocupación del inmueble como a quienes lo rentan y decidan dejarlo, con el propósito de reducir conflictos y favorecer una transición ordenada.

Otro componente relevante es la creación de un Registro Digital de Contratos de Arrendamiento, a través del Sistema Estatal de Vivienda, en el cual las personas arrendadoras tendrían que inscribir los contratos dentro de los 30 días hábiles posteriores a su celebración. La información estaría protegida conforme a la legislación de transparencia y protección de datos personales, sin posibilidad de hacerse pública, salvo por resolución judicial.

 

La iniciativa también fortalece las condiciones mínimas de habitabilidad, higiene y salubridad de las viviendas ofrecidas en renta, además de incorporar la necesidad de contar con servicios básicos que permitan su utilización en condiciones dignas.

En el ámbito de la política social, la propuesta plantea que el Gobierno estatal y los municipios incluyan el arrendamiento digno entre sus prioridades habitacionales, especialmente para las personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

Para ello, se contempla promover mecanismos de apoyo económico, facilidades administrativas y modalidades de subsidio dirigidas a quienes no tienen acceso al financiamiento hipotecario, con el objetivo de que la falta de capacidad crediticia no se convierta en un obstáculo insuperable para acceder a una vivienda adecuada.

El planteamiento también busca incorporar estas alternativas al Programa Estatal de Vivienda, ampliando los instrumentos de intervención pública y reconociendo que garantizar un hogar no debe depender exclusivamente de la capacidad de endeudamiento de una familia.

Con esta iniciativa, el legislador morenista impulsa una visión más amplia de justicia habitacional, en la que la protección del patrimonio familiar, la estabilidad contractual y el acceso equitativo a la vivienda formen parte de una misma responsabilidad institucional.