TJA ordena investigar a funcionarios funcionarios de la Fiscalía por presunto señalamiento irregular a la Central de Abasto

El Tribunal de Justicia Administrativa, TJA del Estado de México ordenó dejar sin efectos el archivo de una denuncia presentada contra servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), relacionada con el señalamiento de un inmueble como parte de la Central de Abasto de Ecatepec.

La denuncia fue promovida por el diputado Octavio Martínez Vargas, quien también preside la Central de Abasto de Ecatepec, luego de que la Fiscalía vinculara públicamente el inmueble con dicha organización durante un operativo en el que fue asegurada mercancía presuntamente robada.

Martínez Vargas sostiene que el inmueble señalado por la autoridad no pertenece a la Central de Abasto ni forma parte de sus instalaciones, por lo que solicitó investigar la actuación de los servidores públicos que participaron en la identificación y señalamiento del lugar.

El Órgano Interno de Control de la FGJEM había determinado archivar el expediente FGJEM/OIC/INV/306/2025, mediante un acuerdo emitido el 3 de julio de 2025. Sin embargo, el legislador impugnó dicha determinación ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

La Novena Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas determinó dejar sin efectos el acuerdo de conclusión y archivo y ordenó a la autoridad realizar las diligencias de investigación necesarias, oportunas y eficaces para esclarecer los hechos denunciados.

Como parte de la resolución, se estableció un plazo de cinco días hábiles para que la autoridad investigadora emitiera un nuevo acuerdo y atendiera lo ordenado por el Tribunal.

En cumplimiento de esta determinación, el 30 de enero de 2026, la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control emitió un nuevo acuerdo dentro del expediente y ordenó continuar con las diligencias necesarias para determinar qué ocurrió y establecer las posibles responsabilidades.

“No nos dejamos espantar con el petate del muerto. Cuando se pretende utilizar el poder de una institución para señalar, desacreditar o intimidar, lo que corresponde es acudir a las instancias legales y exigir que se conozca la verdad”, afirmó Martínez Vargas.

El legislador enfatizó que su reclamo no busca obstaculizar las funciones de las instituciones de procuración de justicia, sino evitar que una institución pública sea vinculada con hechos que, asegura, no corresponden a la realidad y que una investigación sea cerrada sin agotar las diligencias necesarias.

“El Tribunal nos dio la razón: no podía simplemente archivarse el asunto sin realizar las investigaciones necesarias. Ahora tendrán que investigar y esclarecer qué ocurrió, quién tomó las decisiones y por qué se relacionó a la Central de Abasto con un inmueble que no nos pertenece”, sostuvo.

Martínez Vargas señaló que continuará utilizando las vías legales para defender a la Central de Abasto de Ecatepec y conocer quiénes participaron en la identificación del inmueble, qué información emplearon para hacerlo y cuáles fueron las razones para vincularlo con la organización.

Asimismo, destacó que las instituciones públicas deben actuar bajo los principios de legalidad, transparencia y respeto al Estado de Derecho.

“Ningún servidor público debe utilizar su cargo para intimidar, desacreditar o realizar señalamientos sin sustento. Si hubo errores o responsabilidades, que se investiguen y que se determinen. No queremos impunidad, queremos verdad y justicia”, expresó.

El diputado afirmó que permanecerá atento al desarrollo de las diligencias y a las determinaciones que se deriven de la investigación administrativa.